La votación en favor del veto fue la primera prueba para la alianza electoral que anotó candidatos este domingo. La negativa al aumento a los jubilados, con ayudita entrerriana.
Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación abordó el veto de la Emergencia en Discapacidad. La votación resultó con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Si se aprueba en el Senado, se cae la decisión presidencial.
Cinco de los nueve diputados nacionales entrerrianos rechazaron el veto presidencial a la norma.
Cuatro llegaron desde Unión por la Patria: Gustavo Bordet, Tomás Ledesma, Carolina Gaillard y Blanca Osuna. Esa línea siguió la radical Marcela Antola.
Por la negativa a la emergencia llegó por el lado de dos diputados del PRO: Nancy Ballejos y Francisco Morchio. Y el libertario Beltrán Benedit.
El radical Atilio Benedetti estuvo ausente.
Si se observa la votación, el comportamiento de los legisladores lo hicieron acorde con el frente electoral: Alianza La Libertad Avanza (LLA). Antola responde al espacio de Martín Lousteau, que preside la Unión Cívica Radical a nivel nacional.
Con el aumento a los jubilados, hubo cuatro que abstuvieron para no alcanzar los los tercios y tratarlo. Una de ellas fue Antola.
La Emergencia en Discapacidad prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.
También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).
Fuente: Página Política
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